Las
frías estadísticas señalan que 200 familias al día se quedan sin casa,
en España, como consecuencia de desahucios o ejecución de hipotecas por
parte de las entidades financieras. Lo peor de todos estos claros
atentados contra la dignidad humana es que una gran cantidad de familias
se quedan en situación de exclusión social, al ser su única vivienda
habitual.
Antes de que se llegue a producir un desahucio se deberían
agotar todos los medios de diálogo entre las partes a través de la
concesión de una moratoria, la renegociación del préstamo hipotecario e
incluso a través de la mediación social con la intervención de los
propios servicios municipales. Todas las medidas que se adopten son
pocas para evitar que se quede en la calle cualquier familia humilde por
carecer de los recursos económicos para subsistir con un mínimo de
dignidad.
Por otra parte la solidaridad social se hace cada vez más
necesaria en estos casos y, en la mayoría de las ocasiones, no existe,
Así algunos individuos, de escasa catadura moral y pocos escrúpulos, se
aprovechan para especular con las viviendas embargadas para arrendarlas o
bien venderlas al mejor postor consiguiendo así un enriquecimiento
lícito pero moralmente despreciable. Saben que las entidades financieras
son las mayores inmobiliarias que hay en España y los precios de estas
viviendas, que proceden de ejecuciones hipotecarias, están muy por
debajo de su coste real.
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